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El despido masivo: política de estado de la revolución ciudadana Imprimir Correo electrónico
Escrito por MAS de Ecuador   
Miércoles 24 de Noviembre de 2010 14:05
Según cifras recientes 335 mil 280 ecuatorianos no tienen trabajo. En tanto que, apenas un millón 891 mil 44 tienen empleo pleno (ganan más del salario mínimo vital de forma permanente) y 2 millones 236 mil 513 están subempleados (trabajos poco productivos que producen bajos ingresos). Es decir, el desempleo abierto y encubierto alcanza a las dos terceras partes de la población ecuatoriana en capacidad de trabajar.

El derecho a un trabajo estable y permanente, constituye un derecho social e individual fundamental, parte integrante del tan pregonado régimen del buen vivir o “Sumak Kawsay”, que buscaría garantizar las condiciones básicas para el desarrollo integral de las personas.

Sin embargo, los enunciados constitucionales y los discursos oficiales se quedan en letra muerta y constituyen una burla para miles de obreros y empleados que permanentemente son echados al desempleo por el gobierno. Pongamos algunos ejemplos: en Petroecuador en el 2009 despidieron 1200 trabajadores y en el 2010 a 620 más, en el INNFA se conoce que se botaron a más de 600 trabajadores, en Correos del Ecuador 60, en el IESS en Guayaquil a 100, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) a más 100, en el Municipio de Quito a más de 120; se conoció de despidos en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y de la remoción casi general de servidores e inspectores del Ministerio de Trabajo y de la mayoría de ministerios gubernamentales. Se ha generado a más de un daño humano y social, un daño institucional en cuanto se despide a gente con experiencia y preparación para ingresar a personas inexpertas.

Estos hechos no son aislados, sino constituyen una política de estado que el gobierno viene utilizando con el fin de destruir la organización laboral, ya debilitada con el proceso de reclasificación que significó, en el caso de las empresas públicas, pasar al régimen administrativo a más del 80% de obreros de los sindicatos. En segundo lugar, reemplazar los trabajadores despedidos por gente afín al régimen, que le permita mantener un sector de apoyo incondicional dispuesto a participar en marchas, entregar volantes, contribuir económicamente bajo la amenaza de ser echados. Además, en su mayoría se les contrata de manera precaria; por último se continúa con el proceso de flexibilización laboral.

Los trabajadores a más de haber perdido sus fuentes de ingreso familiar, en la mayoría de casos (Petroecuador, Correos del Ecuador, INNFA, CNT, y otros) han sido objeto de insultos, calumnias y vejámenes del propio Presidente de la República, en las consabidas cadenas sabatinas. Tal acción ha contado con la complicidad del Ministerio de Relaciones Laborales, que ha buscado dar halos de legalidad a los despidos, vistos, supresión de partidas, sumarios y trámites seguidos en contra de los trabajadores.

Estas formas dictatoriales del manejo del personal como política de Estado, hoy busca ser legalizada a través de leyes como la del Servidor Público que incluye mecanismos de terminar la relación laboral como las evaluaciones punitivas, la remoción de funciones, el retiro obligatorio por edad, la supresión de puestos, entre otras.

Siendo miles los empleados y trabajadores echados de sus puestos y miles los que el gobierno y sus diferentes organismos continuarán volcando al desempleo, es imprescindible conformar una coordinación nacional de despedidos, que unifique a los grupos dispersos de trabajadores, emprenda campañas de resistencia para coordinar con empleados y obreros del sector público, planteando como eje de la lucha: el reintegro y la defensa de los puestos de trabajo.

Fuente: Tribuna Socialista nº 30, Noviembre-Deciembre 2010

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Última actualización el Miércoles 24 de Noviembre de 2010 14:07
 


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